Las tan ansiadas políticas nacionales relativas a la democratización del acceso a Internet pareciera que comienzan gestarse en Venezuela. Al menos, es lo que se desprende de la nueva Constitución (Art. 108), que garantiza el servicio público de redes de informática, y de las declaraciones de los máximos voceros gubernamentales quienes anuncian la creación de un Consejo Nacional de Tecnologías de la Información y la puesta en marcha de un Plan Nacional de Telecomunicaciones que tiene previsto la masificación de los centros comunitarios de acceso. Frente a esta posibilidad, una pregunta se hace necesaria: ¿Contribuirán estas medidas con el desarrollo y la transformación social?. A nuestro juicio, los centros comunitarios de acceso a Internet podrían jugar un excelente papel como promotores del cambio social si son concebidos como espacios (reales y virtuales) donde la comunidad, a la vez que resuelva sus ingentes problemas de acceso y producción de información y conocimiento, cree mecanismos de comunicación, organización y educación ciudadanas.